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Elogio de la ilegalidad

Al hilo de los últimos acontecimientos en Cataluña, se están produciendo interesantes puestas en escena para la defensa de la “legalidad” por parte de diferentes partidos políticos, con el apoyo, además, de gran parte de la prensa generalista española. El diario La Razón publicó, ya en mayo de este año, una especie de manifiesto propio en forma de editorial titulado “un pacto por la defensa de la legalidad” en el que se criminalizaban las pretensiones de la Generalitat al respecto del referéndum y se alababan las medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que se tendrían que tomar para frenar la “deslealtad” de Puigdemont.

También se han pronunciado al respecto de la defensa de la legalidad diarios como El Español o El País (este último con una noticia sobre una PNL presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña para el “apoyo institucional en defensa de la legalidad democrática en Cataluña”). Además, el Partido Popular, el PSOE y otros partidos sin representación parlamentaria como VOX o UPYD han utilizado también el concepto de “legalidad” como mantra principal para la construcción de sus respectivos discursos en torno al tema catalán.

(Léanse las siguientes líneas con voz fantasmagórica) Legalidad. Lo legal. La ley dice que. Hay que respetar la ley. La ley no lo permite. Solo se puede dialogar dentro de la legalidad. La legalidad vigente. (Ya se puede parar la voz fantasmagórica).

Se acostumbra a trazar un abismo entre lo legal y lo ilegal (mejor dicho, entre lo que, según aquellos que manejan la ley, ha de pasar por ella y lo que no en función de intereses muy concretos), entre constitucionalismo y anti-constitucionalismo, entre orden y desorden. Todo ello desde la realidad conceptual fabricada por las primeras opciones, las hegemónicas, y en detrimento de las segundas.

Quizá cabría preguntarse si la ley siempre es justa solo por su condición de norma jurídica; si lo ilegal siempre es negativo, violento e inaceptable solo porque reside fuera de los márgenes establecidos para la convivencia hasta un determinado momento; si una determinada Constitución sigue siendo útil y protege todas las necesidades de las personas que están sometidas a ella décadas después de su redacción inicial. Incluso, habría una de preguntarse qué había antes de que la ley fuera ley, cómo la ley se convirtió en ley, por qué de esa manera y no de otra, por qué unos determinados preceptos y no otros, en base a qué, como consecuencia de qué hechos, y un largo etcétera.

Utilizar la palabra “legalidad” de manera banal para dar empaque a un discurso que lo único que pretende es criminalizar todo aquello que cuestione unas ciertas prescripciones hegemónicas lo que consigue es, precisamente, restar validez y efectividad a dicho discurso. Lo hace ridículo y aburrido y lo aleja de la realidad de las calles.

Atendiendo a aquello de hacernos preguntas, sería interesante recordar algunas cosas que solo a través de la ruptura con la legalidad se convirtieron en logros de la sociedad civil que hoy los miembros de esa “legalidad” reivindican como victorias de la justicia y el parlamentarismo. Qué ironía.

De aquellas huelgas estos derechos

Los derechos de huelga, de reunión y manifestación son hoy una realidad incuestionable en el ordenamiento jurídico de la mayoría de países a nivel mundial (en términos teóricos, claro, porque hace mucho que se vislumbra una práctica contraria a la defensa de los mismos). Sin embargo, hubo un antes de esos derechos, no aparecieron por arte de magia en las constituciones de todo el mundo.

El 14 de noviembre del año 1.166 a.C., “obreros y artesanos egipcios construían el templo funerario de Ramsés III”. Había constantes retrasos en el pago de sus salarios (diez hogazas de pan y una medida de cerveza diaria) y el hambre se hacía cada vez más notorio. La situación era desesperante. Los obreros “abandonaron sus puestos de trabajo y permanecieron concentrados mientras no le pagaran lo que se les debía. “Hicieron sentadas, ocuparon edificios y acamparon una noche en el templo”. Así lo cuenta el portal Egiptomanía. En el Museo de Turín hoy se conserva el “Papiro de la Huelga” que recogía el testimonio de los manifestantes: “… los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis (se pusieron en huelga) diciendo: ‘Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes… hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed; no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor y al visir nuestro jefe, que nos den nuestro sustento”.

Finalmente, los obreros consiguieron que les pagaran y el conjunto de sus acciones fueron consideradas como la primera huelga de la historia. No, claro que no tenían derecho a huelga. Se lo fabricaron ellos mismos. Aunque quizá tengan razón los “constitucionalistas” y lo que tendrían que haber hecho era dejarse morir de hambre, porque exigir el sustento vital no entraba dentro de la “legalidad vigente”.

 

Cuando el diálogo no sirve

Unos cuantos miles de años después de la primera huelga, tras años de protesta y peticiones formales a través de la participación en partidos políticos como el Partido Laborista Independiente, las sufragistas británicas “se cansaron de luchar con la palabra y pasaron a la acción. Deeds, notwords”. Así lo explica el diario El Mundo en un reportaje sobre las “sufragettes”. Por medio de la WSPU (Unión Social y Política Femenina) fundada en 1903con EmmelinePankhurst como lideresa referente, comenzaron a protagonizar acciones que las llevaron a estar fuera de los márgenes legales: sufrieron cargas policiales en manifestaciones como la de Londres en febrero de 1907; “se encadenaron a la verja de Downing Street, residencia del primer ministro, e incluso llegaron a entrar en ella; realizaban lanzamientos de octavillas desde globos; organizaban mítines multitudinarios para los que fletaban trenes (en el de 1908 en Hyde ParkThe Times calculó que 500.000 personas habían acudido)”, según narra la Universidad de Barcelona en un artículo sobre las principales luchas del movimiento sufragista.

Manifestación sufragista en Hyde Park el 21 de junio de 1908 / Foto: El País

Después de ello, engañadas de nuevo por los liberales -que prometían incluir a la mujer en el sufragio universal y finalmente desoyeron la petición-, la WSPU llevó a cabo en 1912 lo que denominó “el argumento de la piedra” y rompieron todos los escaparates de la zona comercial de Oxford Street en Londres. Fueron encarceladas, siguieron luchando desde la clandestinidad y continuaron los apedreamientos, los incendios provocados, las huelgas de hambre e incluso una de ellas, Emily Davidson, se arrojó a los pies del caballo del rey Jorge V en el Derbi de Epsom de 1913 y murió cuatro días más tarde, lo que “dio lugar a las manifestaciones sufragistas más importantes”.

En 1918, el Parlamento británico permitió votar a las mujeres mayores de 30 años. Fue el primer paso hacia el sufragio universal.

La jornada de ocho horas

Entre 1810 y 1817, cuando el empresario y socialista Robert Owen difundió la idea de que la calidad del trabajo está directamente relacionada con la calidad de vida del obrero y acuñó el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, comenzó a gestarse la reivindicación de la reducción de la jornada laboral y con ello las protestas en los centros de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU. con la jornada de trabajo de 8 horas como demanda principal.

Las condiciones de vida de las personas trabajadoras eran pésimas en EE.UU. en las décadas de los 70 y 80. El hambre y el cansancio eran notorios y con ello creció el descontento. La jornada laboral era, en muchos casos, de 18 horas y el trabajo infantil era una realidad irremediable. Como consecuencia de ello, los trabajadores empezaron a unirse, a organizarse y a protagonizar acciones de protesta. En 1886, la Federación Americana de Trabajadores, en su cuarta asamblea, estableció la petición al gobierno de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, sin cuya toma en consideración se iría a la huelga.

“El presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo lasocho horas de trabajo diarias”. Sin embargo, los empresarios desoyeron la nueva normativa e incumplieron sus preceptos, lo que provocó que el 1 de mayode ese mismo año tuvieran lugar multitudinarias manifestaciones de trabajadores en múltiples ciudades de EE.UU. Cientos de miles de trabajadores salieron a la calle para exigir que se cumpliera la ley. En Chicago, en la protesta contra la empresa de maquinaria agrícola McCormick, la carga policial dejó varios muertos y un número indeterminado de heridos.

La respuesta de los trabajadores fue prolongar la huelga durante varios días. En ellos, la policía continuó cargando contra los manifestantes, asesinando a algunos de ellos, y los trabajadores siguieron agitando Chicago. El 4 de mayo, una carga policial con varios muertos y más de 200 heridos provocó que algunos huelguistas lanzaran una bomba, dejando a 7 policías muertos. Muchos trabajadores fueron detenidos, torturados, condenados y ejecutados. Los hechos fueron recogidos por periódicos como el Chicago Tribune (5 de mayo de 1886) o The New York Times (3 de mayo de 1886).

Mapa de los disturbios en Chicago en 1886 / Chicago Tribune

Según relata el portal Academic, a finales de ese mismo mes (mayo de 1886) “varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada laboral de ocho horas a centenares de miles de obreros”.

La abogada Isabel Elbal recuerda, en un artículo publicado en la revista La Marea, que la Constitución Española de 1978reza que “la justicia emana del pueblo” y que, sin embargo, el Poder Judicial, lejos de ser efectivamente “emanante de la soberanía popular”, está cada vez más “alejado del ciudadano medio y más próximo al defensor técnico del sistema establecido”, aquel que “no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente”.

La gestión de la problemática de Cataluña por parte del Gobierno actual se ha basado en “la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Código Penal”. Ignorando el hecho de que el Estado español se circunscribe en términos teóricos como una democracia, Mariano Rajoy ha retorcido la “legalidad” para hacer que la justicia se convierta en un valor secundario, en un objetivo sin importancia. Lo mismo sucede con la democracia. A través de la continua reconstrucción del discurso oficial, se ha conseguido meter en el saco del desorden todo aquello que choque frontalmente con los intereses particulares del partido de gobierno y los poderes fácticos que lo mantienen. El imaginario colectivo es ahora el cajón desastre del franquismo, pues es evidente que se están vendido a precio de democracia políticas cuasi-fascistas sin que nadie se dé cuenta.

La legalidad que hoy defienden los partidos políticos y gran parte de los medios de comunicación abarca todas aquellas prácticas y medidas que, en cualquier país con un mínimo de salud democrática, deberían de estar consideradas como un delirio y deberían suscitar el rechazo masivo de la población o, como mínimo, de toda la clase obrera.

La reminiscencia de cómo únicamente sobrepasando los límites de la legalidad y del discurso de la legalidad se ha conseguido romper los techos de cristal de la injusticia (qué ironía), se torna necesaria en estos tiempos de enajenación democrática que está viviendo España. Pese a quien pese, es indiscutible que, frente a la opresión, la única receta útil siempre ha sido la desobediencia.

 

La vida que nos debemos

Hay mucha gente tratando de definir lo que a menudo es indefinible. Existe una lucha constante e incansable de ideologías, o lo que es peor, no de ideologías sino de nombres de ideologías. Yo no sé si soy ‘una joven comunista’, si creo en el socialismo, si soy anarquista, leninista, chavista, jacobina… Falangista seguro que no. Y no lo sé por una sencilla razón: nunca he comprendido por qué tengo que ser una cosa u otra. No comprendo por qué el desarrollo y la transformación ideológica de la gente se asumen siempre como una traición y no como lo que es, un proceso de aprendizaje y de evolución personal. No termino de entender por qué tengo que etiquetar mi forma de ver la vida y, por consiguiente, limitarla.

Por supuesto que tengo ideología –lo contrario me causa pavor-, pero la ideología de lo que, para mí, es el sentido común, de lo que es la realidad no solo como la veo sino también como me gustaría verla.

Mi ideología respeta la naturaleza, la cuida y lucha por revertir el cambio climático, entre otros efectos secundarios de la existencia del ser humano, no tarda más de 10 minutos en ducharse y lleva el aceite usado a puntos limpios. Qué tontería y qué necesario. Mi ideología se estremece cada vez que ve sufrir a un animal, vitorea cada vez que un toro coge a un torero/asesino, llora de rabia cuando incluyen el maltrato en la sección de cultura. Mi ideología cree en los derechos humanos y en la necesidad de defenderlos –y ahora recuperarlos-. A mi ideología le tiembla el alma cuando oye decir que republicanos y reaccionarios ‘fueron igual de malos’, cada vez que recuerda que, casi 90 años después, la Justicia sigue durmiendo a dos metros bajo tierra, a los pies de las más de 100.000 personas que todavía yacen en cunetas.

Mi ideología no cree en Dios, pero sí en los servicios públicos: sanidad, educación, transporte, banca, pensiones…, considera que lo que construye la gente, ha de ser propiedad de la gente, de todos y de nadie. Mi ideología es laica, faltaría más, defiende la derogación del Concordato con la Santa Sede para poder vivir con libertad y separar de una vez por todas y contundentemente la Iglesia del Estado, y lucha por que en los centros educativos públicos se retire la catequesis que supone la asignatura de religión. A mi ideología le gustaría ir al cine, a un concierto, a un recital, comprarse un libro o ver teatro de vez en cuando sin tener que pensar durante días que para ello tendrá que reducir su porción de comida durante dos semanas.

Mi ideología detesta los conflictos armados, y, si por ella fuera, no habría ejércitos permanentes. Mi ideología dijo NO a la OTAN y hoy dice NO al TTIP. Mi ideología siente náuseas de ver que, por incansable que sea la lucha de los colectivos LGTB, estos nunca terminan de poder llegar a dejar de ser un colectivo discriminatoriamente diferenciado y no parte del conjunto libre de la sociedad. Mi ideología se emociona con la Internacional, con Labordeta, con el himno de Riego, con Aute, con José Luís Sampedro, y, sobre todo, con la fuerza de la lucha de la clase obrera en las calles.

Mi ideología siente orgullo por Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García, Luisa Rodríguez de la Fuente. Y también por Clara Campoamor, Victoria Kent, Concepción Arenal. Si mi ideología tuviera un himno, cantaríamos versos de Miguel Hernández.

Mi ideología cree que hay que acatar la Constitución de 1978, pero, sobre todo, trabajar para cambiarla. Mi ideología es demócrata y, por ello, defiende el derecho a decidir en todos los sentidos: derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho a decidir sobre una posible reforma de la Constitución, derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la vida –o la muerte-, derecho a decir el modelo de Estado, derecho a decidir a quién amar y cómo. Todo ello de forma directa, sin intermediarios.

Mi ideología se parte la cara en las calles para parar desahucios de sus vecinos, se parte la cara en la calle por la Educación pública, por la Sanidad pública, por salarios y condiciones de trabajo dignos, contra la Violencia Machista, por la igualdad. Mi ideología quiere ir a la universidad sin que sus padres tengan que vivir asfixiados. Mi ideología mira a las personas a los ojos, no a la piel. Mi ideología se remanga cada día para levantar el Sol aunque se queme las manos constantemente.

Comprendo considerablemente bien a aquellos y aquellas que ejercen su derecho a voto desechándolo. Pero también me produce una enorme tristeza, no tanto por el hecho mismo de no votar como por el hecho de que su tripa no les vibre por ninguna fuerza. No entiendo aquel voto en las urnas que no sea mero complemento de la necesaria lucha constante en la calle, pero encuentro ambas cosas tan distanciadas en la realidad que nos asfixia como imprescindibles compañeras de la vida que nos debemos.

Como diría Silvio Rodríguez, “tenemos derecho a la palabra, a la memoria, a la canción negada, a la letra proscrita, al sueño sublevado, a re-crear la vida, vida cotidiana, vida con dignidad”.

Y desconozco el nombre de mi ideología, pero jamás le he buscado uno ni pienso hacerlo. Ella no sabe cómo se llama, pero sabe bien de dónde viene y con quién está. Ella nació abajo para encasquillar las armas a los de arriba. Ella nació opresión, nació miedo, nació tortura, nació sumisa, nació indefensa, nació invisible. Ella creció ilusión, creció ternura, creció con alas, con chaleco antifascismo, con puño izquierdo en alto, creció para nunca mermarse. Y ahora renacerá segura, renacerá sin miedo, renacerá insumisa, renacerá con el mismo puño en alto y con una enorme sonrisa. Renacerá invencible.

Pero solo lo hará si damos a la calle la fuerza que necesita en esas instituciones que nunca nos representaron, para hacer que lo hagan de una vez por todas. Para hacerlas nuestras. Solo será posible frenar las miserias de la hegemonía que nos domina y nos avasalla, golpeando sobre la urna con el mismo puño que levantamos y apretamos con fuerza en las calles, nosotras y nuestras abuelas.

Por fin, después de tantos años de dignidad silenciada, hoy vuelve a vibrar “la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al Universo”.

Unidas Podemos.

[Foto: EL PAÍS]

Antes de abrir las puertas del sufragio, hay que abrir las puertas de la Educación

Ayer, 19 de abril, se aprobó en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, con el apoyo de los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE, la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por Esquerra Republicana, por la que se modificaría la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, con el fin de ampliar el derecho a voto a los mayores de 16 años.

Al respecto de si es una buena o mala idea no pretendo pronunciarme. Lo que sí me gustaría, y es por ello que escribo estas líneas, es poner de manifiesto otro asunto en relación con el sufragio que me parece importante y primordial.

Está bien que se debata la ampliación del censo que relataba antes, ya que puede ser cierto que a los 16 años ya se tiene o se debe tener una cierta consciencia política o un interés algo más afinado con respecto a la actualidad política del país en el que uno o una reside. Eso no lo discuto. Yo misma he tenido 16 años y ganas de votar. Ahora bien, me parece bastante más urgente atender al hecho de que, en España –desconozco la realidad de otros países-, no se sabe votar. No se sabe votar en absoluto. Y cuando digo que no se sabe votar, no me refiero a que “si la gente supiera votar no votaría al PP” ni nada de eso. Es una cuestión que no tiene que ver con ideologías, sino con educación y conocimientos básicos de los que, por lo general, carecemos.

Desde pequeños nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir, jugar al baloncesto, calcular la raíz cuadrada de no sé qué, la tabla periódica de los elementos, la actividad geológica del planeta, el funcionamiento de los aparatos respiratorio y digestivo, las teorías del empresario, y un interminable etcétera. Nos enseñan a  ser posibles futuros emprendedores; a chutar más fuerte que nadie; a calcular matrices que nunca entenderemos para qué sirven ni en qué aspecto de la vida más allá de los libros de texto podríamos aplicarlas; a analizar sintáctica y morfológicamente oraciones para que aprendamos a escribir todos aquellos libros que no nos vamos a leer, pues se nos intenta más bien poco enseñar el maravilloso mundo de la lectura –salvando excepciones-. Y otro largo etcétera.

Nos enseñan todas esas cosas –que no dejan de ser importantes-, y no se nos enseña el funcionamiento de las instituciones que nos ‘representan’ y que configuran, regulan y modifican nuestras vidas: nuestras oportunidades laborales y sociales, nuestros derechos y deberes, nuestra posibilidad de entender el mundo de una manera o de otra. No se nos explica cómo están formados el Congreso, el Senado, ni las instituciones europeas, y se pretende que, luego, las intenciones de voto tengan sentido. No se nos muestra el camino hacia la comprensión del sistema que conforma la realidad que podemos vivir. No se nos ayuda a conocer el porqué de la existencia de esos órganos de representación ni se nos enseña, por supuesto, a cuestionarlos.

Hay gente que, ya en la madurez, no sabe en qué sobre ha de colocar qué papeleta. Hay gente que no emite su voto al Senado, no porque pretenda boicotear esa Cámara en base a unas determinadas ideas, sino porque no sabe ni lo que es ni la función que cumple. Hay gente que vota desde el total y profundo desconocimiento del programa al que está prestando su apoyo electoral. Hay gente que confunde proyectos de diferentes partidos.

No es de extrañar que los discursos desideologizados consigan captar una importante cantidad de votantes. No es de extrañar porque no estamos educados para tener valores e ideas claras sobre los temas más controvertidos y a la vez más trascendentales de la realidad social, laboral, jurídica, etc., que tenemos sobre nosotros, que nos pisa los tobillos al caminar. De hecho, es muy probable que no sepamos señalar los pies que nos zancadillean,  que frustran nuestras libertades, nuestros derechos y nuestras vidas. A la vista está.

Y, por supuesto, en este sentido, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. De la misma manera que no se incluye en ningún plan de estudios el conocimiento de las instituciones políticas, no se incluye la alfabetización mediática, la educación en medios. La educación en –o mejor dicho, ante- medios es algo que, en 2016, debería ser de carácter obligatorio. Cada día y a cada instante estamos expuestos a los innumerables mensajes que emiten los distintos medios de comunicación –que cada vez son más en número y formato- y no sabemos ni interpretarlos.

No sabemos porque, una vez más, no se nos ha enseñado a hacerlo. Se nos ha instado a engullir unos determinados contenidos televisivos, radiofónicos o de cualquier tipo sin necesidad de detenernos a analizar ni el más mínimo detalle de lo que estos nos ofrecen y por qué lo hacen de una manera determinada o desde una perspectiva concreta.

No se nos enseña a fijarnos en todos esos detalles que permite la maquinaria audiovisual y que escapa a nuestro control el 99% de las veces. No se nos enseña a identificar la intencionalidad de según qué gráficos, de según qué imágenes, de según qué tiempos o espacios en antena, de según qué expresiones, de según qué banalidades; ni a vislumbrar los recursos retóricos de los diferentes discursos ideológicos que reproducen los medios.

Decía Enrique Belda, profesor de Derecho Constitucional, en el contexto de una Jornadas de Transparencia y Buen Gobierno a las que asistí, que “no nos enseñan derecho, ni tampoco a administrarnos”. Y se preguntaba: “¿Si no sabemos administrarnos, cómo vamos a administrar una organización o estar capacitados para decidir quién lo hace mejor?”. Y es cierto aquello que dice. ¿Cómo vamos a votar con criterio si no sabemos cómo votar, por qué votar, para qué votar, ni siquiera lo que es tener criterio?

Lo que ocurre a partir de esta falta de educación en medios, en derecho y en funcionalidad institucional, es que nos vemos abocados a votar “libremente” desde la imposición, desde la irracionalidad. Un voto nunca será racional si no se emite con los conocimientos necesarios. Porque entonces no somos partícipes libres y activos del sufragio, sino diminutas partículas de una enorme masa maleable que dispara ‘poder al poder’ sin mirar dónde apunta.

Decía Belda, además, que “solo con una sociedad educada es posible hablar de un voto racional”, y que “es un error que el ciudadano no tenga que responder ante nadie al votar”. Y con ambas afirmaciones estoy de acuerdo.

Yo abogo por la inclusión de asignaturas encaminadas a formar ciudadanos activos que sean capaces de participar de la política de su país con dignidad y libertad, y con la disposición suficiente para dirigir sus actuaciones en base a una necesaria mirada crítica; en los planes de estudios de los centros educativos desde una edad considerablemente temprana.

Nos quieren sumisos, indefensos, manejables. Un pueblo nunca será libre sin el necesario empoderamiento educativo del mismo.

Antes de abrir las puertas del sufragio, hay que abrir las puertas de la educación.