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El té de la tarde

Hace 204 días que marché de El Aaiún tras nueve días de parón, para mí, en el espacio y el tiempo. Todo se reanudó tan rápido al llegar a España que me quedé sin voz. Me la había dejado anclada a esas decenas de pupilas a las que no fui capaz de volver a mirar en el último adiós. Y desde entonces volver a casa no significa lo mismo.

El mundo es tan grande aquí fuera que se hace difícil hacer sonar vuestra voz. Todo son hagstags, trending topics, likes, enlaces compartidos, oídos que no escuchan, gargantas encabritadas por nimiedades, seguidores que suben y bajan, cuentas corrientes, acuerdos cautivos, móviles rotos, peleas por ver quién sale en la foto…

Y yo solo pienso
en las migas de pan,
en la arena que arde,
en el agua que falta,
en el té de la tarde.

En la melfa que esconde
todas las verdades,
en el cielo infinito,
en la mierda de cables.

En la luz que no llega,
en el rezo invisible,
en los ojos vidriosos,
en la ayuda inservible.

En el cole que acaba,
en el maldito hambre,
en el silencio nocturno,
en la lucha incansable.

Hoy es un día para hacer que el Estado empachado de poder mastique la arena del desierto, para llenar con claveles el fusil que asesina corazones aunque no dispare balas.

Sandrela os sigue echando de menos.

La lucha sigue. Sáhara Libre 

Té

Aprendiendo a hacer té saharaui en los campamentos de refugiados del Sáhara / El Aaiún

Elogio de la ilegalidad

Al hilo de los últimos acontecimientos en Cataluña, se están produciendo interesantes puestas en escena para la defensa de la “legalidad” por parte de diferentes partidos políticos, con el apoyo, además, de gran parte de la prensa generalista española. El diario La Razón publicó, ya en mayo de este año, una especie de manifiesto propio en forma de editorial titulado “un pacto por la defensa de la legalidad” en el que se criminalizaban las pretensiones de la Generalitat al respecto del referéndum y se alababan las medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que se tendrían que tomar para frenar la “deslealtad” de Puigdemont.

También se han pronunciado al respecto de la defensa de la legalidad diarios como El Español o El País (este último con una noticia sobre una PNL presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña para el “apoyo institucional en defensa de la legalidad democrática en Cataluña”). Además, el Partido Popular, el PSOE y otros partidos sin representación parlamentaria como VOX o UPYD han utilizado también el concepto de “legalidad” como mantra principal para la construcción de sus respectivos discursos en torno al tema catalán.

(Léanse las siguientes líneas con voz fantasmagórica) Legalidad. Lo legal. La ley dice que. Hay que respetar la ley. La ley no lo permite. Solo se puede dialogar dentro de la legalidad. La legalidad vigente. (Ya se puede parar la voz fantasmagórica).

Se acostumbra a trazar un abismo entre lo legal y lo ilegal (mejor dicho, entre lo que, según aquellos que manejan la ley, ha de pasar por ella y lo que no en función de intereses muy concretos), entre constitucionalismo y anti-constitucionalismo, entre orden y desorden. Todo ello desde la realidad conceptual fabricada por las primeras opciones, las hegemónicas, y en detrimento de las segundas.

Quizá cabría preguntarse si la ley siempre es justa solo por su condición de norma jurídica; si lo ilegal siempre es negativo, violento e inaceptable solo porque reside fuera de los márgenes establecidos para la convivencia hasta un determinado momento; si una determinada Constitución sigue siendo útil y protege todas las necesidades de las personas que están sometidas a ella décadas después de su redacción inicial. Incluso, habría una de preguntarse qué había antes de que la ley fuera ley, cómo la ley se convirtió en ley, por qué de esa manera y no de otra, por qué unos determinados preceptos y no otros, en base a qué, como consecuencia de qué hechos, y un largo etcétera.

Utilizar la palabra “legalidad” de manera banal para dar empaque a un discurso que lo único que pretende es criminalizar todo aquello que cuestione unas ciertas prescripciones hegemónicas lo que consigue es, precisamente, restar validez y efectividad a dicho discurso. Lo hace ridículo y aburrido y lo aleja de la realidad de las calles.

Atendiendo a aquello de hacernos preguntas, sería interesante recordar algunas cosas que solo a través de la ruptura con la legalidad se convirtieron en logros de la sociedad civil que hoy los miembros de esa “legalidad” reivindican como victorias de la justicia y el parlamentarismo. Qué ironía.

De aquellas huelgas estos derechos

Los derechos de huelga, de reunión y manifestación son hoy una realidad incuestionable en el ordenamiento jurídico de la mayoría de países a nivel mundial (en términos teóricos, claro, porque hace mucho que se vislumbra una práctica contraria a la defensa de los mismos). Sin embargo, hubo un antes de esos derechos, no aparecieron por arte de magia en las constituciones de todo el mundo.

El 14 de noviembre del año 1.166 a.C., “obreros y artesanos egipcios construían el templo funerario de Ramsés III”. Había constantes retrasos en el pago de sus salarios (diez hogazas de pan y una medida de cerveza diaria) y el hambre se hacía cada vez más notorio. La situación era desesperante. Los obreros “abandonaron sus puestos de trabajo y permanecieron concentrados mientras no le pagaran lo que se les debía. “Hicieron sentadas, ocuparon edificios y acamparon una noche en el templo”. Así lo cuenta el portal Egiptomanía. En el Museo de Turín hoy se conserva el “Papiro de la Huelga” que recogía el testimonio de los manifestantes: “… los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis (se pusieron en huelga) diciendo: ‘Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes… hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed; no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor y al visir nuestro jefe, que nos den nuestro sustento”.

Finalmente, los obreros consiguieron que les pagaran y el conjunto de sus acciones fueron consideradas como la primera huelga de la historia. No, claro que no tenían derecho a huelga. Se lo fabricaron ellos mismos. Aunque quizá tengan razón los “constitucionalistas” y lo que tendrían que haber hecho era dejarse morir de hambre, porque exigir el sustento vital no entraba dentro de la “legalidad vigente”.

 

Cuando el diálogo no sirve

Unos cuantos miles de años después de la primera huelga, tras años de protesta y peticiones formales a través de la participación en partidos políticos como el Partido Laborista Independiente, las sufragistas británicas “se cansaron de luchar con la palabra y pasaron a la acción. Deeds, notwords”. Así lo explica el diario El Mundo en un reportaje sobre las “sufragettes”. Por medio de la WSPU (Unión Social y Política Femenina) fundada en 1903con EmmelinePankhurst como lideresa referente, comenzaron a protagonizar acciones que las llevaron a estar fuera de los márgenes legales: sufrieron cargas policiales en manifestaciones como la de Londres en febrero de 1907; “se encadenaron a la verja de Downing Street, residencia del primer ministro, e incluso llegaron a entrar en ella; realizaban lanzamientos de octavillas desde globos; organizaban mítines multitudinarios para los que fletaban trenes (en el de 1908 en Hyde ParkThe Times calculó que 500.000 personas habían acudido)”, según narra la Universidad de Barcelona en un artículo sobre las principales luchas del movimiento sufragista.

Manifestación sufragista en Hyde Park el 21 de junio de 1908 / Foto: El País

Después de ello, engañadas de nuevo por los liberales -que prometían incluir a la mujer en el sufragio universal y finalmente desoyeron la petición-, la WSPU llevó a cabo en 1912 lo que denominó “el argumento de la piedra” y rompieron todos los escaparates de la zona comercial de Oxford Street en Londres. Fueron encarceladas, siguieron luchando desde la clandestinidad y continuaron los apedreamientos, los incendios provocados, las huelgas de hambre e incluso una de ellas, Emily Davidson, se arrojó a los pies del caballo del rey Jorge V en el Derbi de Epsom de 1913 y murió cuatro días más tarde, lo que “dio lugar a las manifestaciones sufragistas más importantes”.

En 1918, el Parlamento británico permitió votar a las mujeres mayores de 30 años. Fue el primer paso hacia el sufragio universal.

La jornada de ocho horas

Entre 1810 y 1817, cuando el empresario y socialista Robert Owen difundió la idea de que la calidad del trabajo está directamente relacionada con la calidad de vida del obrero y acuñó el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, comenzó a gestarse la reivindicación de la reducción de la jornada laboral y con ello las protestas en los centros de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU. con la jornada de trabajo de 8 horas como demanda principal.

Las condiciones de vida de las personas trabajadoras eran pésimas en EE.UU. en las décadas de los 70 y 80. El hambre y el cansancio eran notorios y con ello creció el descontento. La jornada laboral era, en muchos casos, de 18 horas y el trabajo infantil era una realidad irremediable. Como consecuencia de ello, los trabajadores empezaron a unirse, a organizarse y a protagonizar acciones de protesta. En 1886, la Federación Americana de Trabajadores, en su cuarta asamblea, estableció la petición al gobierno de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, sin cuya toma en consideración se iría a la huelga.

“El presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo lasocho horas de trabajo diarias”. Sin embargo, los empresarios desoyeron la nueva normativa e incumplieron sus preceptos, lo que provocó que el 1 de mayode ese mismo año tuvieran lugar multitudinarias manifestaciones de trabajadores en múltiples ciudades de EE.UU. Cientos de miles de trabajadores salieron a la calle para exigir que se cumpliera la ley. En Chicago, en la protesta contra la empresa de maquinaria agrícola McCormick, la carga policial dejó varios muertos y un número indeterminado de heridos.

La respuesta de los trabajadores fue prolongar la huelga durante varios días. En ellos, la policía continuó cargando contra los manifestantes, asesinando a algunos de ellos, y los trabajadores siguieron agitando Chicago. El 4 de mayo, una carga policial con varios muertos y más de 200 heridos provocó que algunos huelguistas lanzaran una bomba, dejando a 7 policías muertos. Muchos trabajadores fueron detenidos, torturados, condenados y ejecutados. Los hechos fueron recogidos por periódicos como el Chicago Tribune (5 de mayo de 1886) o The New York Times (3 de mayo de 1886).

Mapa de los disturbios en Chicago en 1886 / Chicago Tribune

Según relata el portal Academic, a finales de ese mismo mes (mayo de 1886) “varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada laboral de ocho horas a centenares de miles de obreros”.

La abogada Isabel Elbal recuerda, en un artículo publicado en la revista La Marea, que la Constitución Española de 1978reza que “la justicia emana del pueblo” y que, sin embargo, el Poder Judicial, lejos de ser efectivamente “emanante de la soberanía popular”, está cada vez más “alejado del ciudadano medio y más próximo al defensor técnico del sistema establecido”, aquel que “no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente”.

La gestión de la problemática de Cataluña por parte del Gobierno actual se ha basado en “la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Código Penal”. Ignorando el hecho de que el Estado español se circunscribe en términos teóricos como una democracia, Mariano Rajoy ha retorcido la “legalidad” para hacer que la justicia se convierta en un valor secundario, en un objetivo sin importancia. Lo mismo sucede con la democracia. A través de la continua reconstrucción del discurso oficial, se ha conseguido meter en el saco del desorden todo aquello que choque frontalmente con los intereses particulares del partido de gobierno y los poderes fácticos que lo mantienen. El imaginario colectivo es ahora el cajón desastre del franquismo, pues es evidente que se están vendido a precio de democracia políticas cuasi-fascistas sin que nadie se dé cuenta.

La legalidad que hoy defienden los partidos políticos y gran parte de los medios de comunicación abarca todas aquellas prácticas y medidas que, en cualquier país con un mínimo de salud democrática, deberían de estar consideradas como un delirio y deberían suscitar el rechazo masivo de la población o, como mínimo, de toda la clase obrera.

La reminiscencia de cómo únicamente sobrepasando los límites de la legalidad y del discurso de la legalidad se ha conseguido romper los techos de cristal de la injusticia (qué ironía), se torna necesaria en estos tiempos de enajenación democrática que está viviendo España. Pese a quien pese, es indiscutible que, frente a la opresión, la única receta útil siempre ha sido la desobediencia.

 

No hay más tiempo, 40 años bastan

Entro en El Confidencial Saharaui y leo un titular: “El Sáhara Occidental se prepara para la guerra”. Y su correspondiente desarrollo. “El pueblo saharaui está dispuesto a reanudar la lucha armada si Marruecos continúa su intransigencia”, relata la autora del artículo. Y a mí se me abren los ojos como platos, claro, aunque al instante comprendo.

En abril de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU certificó la resolución de prorrogar hasta abril de este año la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Se aprobó, para ello, un presupuesto con una dotación económica de  $53.190.000 (casi 50 millones de euros), que prevé personal militar, personal civil, transportes varios, viajes oficiales, suministros, infraestructura, gastos médicos, tecnología, etc. Pero, ¿para qué?

¿Para qué? Están agotados.

Lo irritante no es que todavía hoy estén arrastrando el desastre causado por las lluvias torrenciales que sufrieron los campamentos a finales del año pasado, ni la terrible muerte de una niña saharaui hace tres días por la explosión de una mina, ni la incansable lucha de los presos saharauis que recientemente protagonizaron una huelga de hambre que costó la vida a uno de ellos. No es la agresión de la policía marroquí a un estudiante saharaui en una manifestación en Smara el mes pasado, ni la carga policial de ese mismo cuerpo a una mujer en El Aaiún. No es nada de eso.

Va más allá de los desesperanzadores acontecimientos que se han ido y se van sucediendo a corto plazo en torno al conflicto. Lo exasperante de todo es que son 40 los años que hace que al pueblo saharaui le fue arrebatada tanto la vida material como los derechos, la libertad y la dignidad como seres humanos. Cuatro décadas que representan el grueso de una vida entera lastrada por una situación de encierro físico y espiritual, y el desarrollo de varios peldaños generacionales condenados al abismo de una lucha interminable por la justa independencia. 480 meses de limitaciones materiales, económicas, educativas, médicas, jurídicas. 14.600 días de represión, de carencias, de amaneceres gobernados por la metralla y la tiranía.

No es de extrañar que el pueblo saharaui acabe volviéndose a levantar contra Marruecos. No es de extrañar porque no son sino refugiados permanentes viviendo a la sombra de la ocupación, la coacción, la imposición, la violencia física, psicológica y  moral. Y a la exposición del sol, por descontado, que derrite por momentos la esperanza de que se haga justicia.

Pero, a pesar de ello, es necesario evitar la guerra, porque el resultado de esta sería todavía peor, sin duda alguna. Y el camino hacia la paz verdadera, es la actuación por la vía institucional acompañada por un potente frente social que propicie lo que desde hace tanto están pidiendo y mereciendo los saharauis. Son bastantes los países de todo el mundo que están condenando uno tras otro la actitud de Marruecos, apoyando a la RASD y abogando por la celebración del referéndum de autodeterminación oportuno.

En España también existe apoyo, en este mismo sentido, por parte de algunas fuerzas políticas. Perseguir y conseguir que el Estado español se responsabilice de una vez por todas de esta deuda histórica que tiene con el territorio no es que sea conveniente, sino que es imperiosamente indispensable, ineludible. La recuperación de la vida digna, la vuelta a casa y el alcance de la independencia de cerca de medio millón de personas está en manos de todos. Y el momento es ahora. No hay más tiempo.

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Foto: AntxetaMedia

Por un Sáhara libre. ¡40 años bastan!

La Dignidad se recupera desenterrando la República

Que la Monarquía es anacrónica y contraria a los principios democráticos es un hecho tan evidente como ignorado desde el mismo día en que se reinstauró la misma en España tras la dictadura de Franco. No hace falta explicar el porqué de su anacronismo, pues va intrínseco en la definición del término. Pero parece evidente, visto lo visto, que sí es necesario explicar por qué la Monarquía es contraria a los principios democráticos.

Es antagónica a la Democracia porque dichos principios suponen que “todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado”, lo cual está evidentemente frustrado desde 1936. Además, si atendemos a los arts. 56 y 57 CE que prevén, entre otras cosas, que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y que “la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don  Juan Carlos I de Borbón, ‘legítimo’ heredero de la dinastía histórica”, podemos confirmar esas profundas carencias democráticas, a pesar de que el discurso que quedara anclado en la sociedad fuera el de Juan Carlos I como salvador de la Democracia española.

Si somos fieles a la realidad en cuanto a lo que a fechas se refiere, son 77 los años que España lleva sin poder elegir el modelo de Estado que quiere. Setenta y siete años que suponen que la última generación que pudo hacerlo, está ya bajo tierra o es poco más que polvo y recuerdos -aparentemente olvidados, presuntamente lapidados con el granito de los falsos mitos de la Guerra Civil-. Setenta y siete años que suponen que España sigue profundamente dormida entre las sábanas de la sumisión, el conformismo y la restricción de cualquier opción de modelo para el país que no contemple la presencia de los que cazan elefantes en sus ratos libres.

Setenta y siete años en los que, curiosamente, se ha caminado hacia la incesante descalificación de la República y de aquellos que la defienden. Y digo curiosamente porque no fueron, precisamente, republicanos los que propiciaron el derrumbe de una sociedad democrática en construcción, ni la caída de un modelo de Estado elegido por el pueblo. No fueron republicanos los que favorecieron que se viviera en España una dictadura de 40 años, cuyo himno, más que ‘Cara al Sol’ no era sino ‘Cara al Miedo’. No fueron republicanos los que condenaron a muerte a miles de personas por su raza, ideología u orientación sexual. No fueron republicanos los que asumieron la jefatura del Estado por obra y gracia del Espíritu Santo abanderados por la palabra Democracia después de haber sido elegidos directa y explícitamente por el dictador.

Republicanos sí fueron los exiliados, asesinados, torturados durante y, sobretodo, tras la guerra. Republicanos sí fueron los que terminaron sufriendo y muriendo en campos de concentración nazis. Republicanos sí fueron los que liberaron París de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Republicanos sí fueron los que comenzaron a construir una sociedad más participativa.

Republicanos sí fueron los que posibilitaron el sufragio femenino, las Misiones Pedagógicas, el derecho a la autonomía de las regiones. Republicanos sí fueron los que limitaron, por fin, los tradicionales privilegios y el desorbitado poder de la Iglesia, los que hicieron posible la libertad de culto e hicieron que la separación entre la Iglesia y el Estado fuera una justa realidad. Y republicanos sí fueron y son las miles de almas desaparecidas, relegadas en fosas comunes por todo el territorio español.

Este artículo no va encaminado a elaborar una posible república ideal para España, ni a señalar la laicidad que seguro representaría  ese Estado probable, ni a rescatar buenos artículos de la Constitución de 1931. No se trata de resucitar a Manuel Azaña ni de cortarle la cabeza al rey, sino de defender el derecho de cada individuo a elegir libre y democráticamente el modelo de Estado que quiere para su país, como han hecho la mayor parte de los países europeos en su paso de la Monarquía a la República. Se trata de recuperar la dignidad que la ciudadanía española perdió en julio de 1936, y que merece recobrar.

Se trata de entender que la democracia no consiste en poder votar cada cuatro años la configuración del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo. Que ese discurso ha quedado desfasado. Se trata de comprender que la Democracia real llegará a España el día que entendamos que llevamos viviendo una mentira desde la muerte de Franco y proclamación de Juan Carlos I, pues este fue –y ahora su hijo es- el indiscutible y premeditadamente decorado sustento del espíritu dictatorial que frustró las libertades de los españoles durante cuatro largas décadas.

Por ello es necesario el referéndum, y este ha de ser vinculante. Porque no se entiende que un país se diga ni se sepa democrático teniendo un jefe de Estado no electo. Porque no se entiende que alguien se haga llamar demócrata, apoyando a una institución renacida y facilitada por el Franquismo. Porque el derecho a decidir es tan importante como el derecho a ser, incluso me atrevería a decir que es lo mismo. Porque vivimos la Libertad desde la imposición. Porque tenemos la Justicia sepultada en las cunetas de la vergüenza.

Porque la Dignidad se recupera, desenterrando la República.