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Elogio de la ilegalidad

Al hilo de los últimos acontecimientos en Cataluña, se están produciendo interesantes puestas en escena para la defensa de la “legalidad” por parte de diferentes partidos políticos, con el apoyo, además, de gran parte de la prensa generalista española. El diario La Razón publicó, ya en mayo de este año, una especie de manifiesto propio en forma de editorial titulado “un pacto por la defensa de la legalidad” en el que se criminalizaban las pretensiones de la Generalitat al respecto del referéndum y se alababan las medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que se tendrían que tomar para frenar la “deslealtad” de Puigdemont.

También se han pronunciado al respecto de la defensa de la legalidad diarios como El Español o El País (este último con una noticia sobre una PNL presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña para el “apoyo institucional en defensa de la legalidad democrática en Cataluña”). Además, el Partido Popular, el PSOE y otros partidos sin representación parlamentaria como VOX o UPYD han utilizado también el concepto de “legalidad” como mantra principal para la construcción de sus respectivos discursos en torno al tema catalán.

(Léanse las siguientes líneas con voz fantasmagórica) Legalidad. Lo legal. La ley dice que. Hay que respetar la ley. La ley no lo permite. Solo se puede dialogar dentro de la legalidad. La legalidad vigente. (Ya se puede parar la voz fantasmagórica).

Se acostumbra a trazar un abismo entre lo legal y lo ilegal (mejor dicho, entre lo que, según aquellos que manejan la ley, ha de pasar por ella y lo que no en función de intereses muy concretos), entre constitucionalismo y anti-constitucionalismo, entre orden y desorden. Todo ello desde la realidad conceptual fabricada por las primeras opciones, las hegemónicas, y en detrimento de las segundas.

Quizá cabría preguntarse si la ley siempre es justa solo por su condición de norma jurídica; si lo ilegal siempre es negativo, violento e inaceptable solo porque reside fuera de los márgenes establecidos para la convivencia hasta un determinado momento; si una determinada Constitución sigue siendo útil y protege todas las necesidades de las personas que están sometidas a ella décadas después de su redacción inicial. Incluso, habría una de preguntarse qué había antes de que la ley fuera ley, cómo la ley se convirtió en ley, por qué de esa manera y no de otra, por qué unos determinados preceptos y no otros, en base a qué, como consecuencia de qué hechos, y un largo etcétera.

Utilizar la palabra “legalidad” de manera banal para dar empaque a un discurso que lo único que pretende es criminalizar todo aquello que cuestione unas ciertas prescripciones hegemónicas lo que consigue es, precisamente, restar validez y efectividad a dicho discurso. Lo hace ridículo y aburrido y lo aleja de la realidad de las calles.

Atendiendo a aquello de hacernos preguntas, sería interesante recordar algunas cosas que solo a través de la ruptura con la legalidad se convirtieron en logros de la sociedad civil que hoy los miembros de esa “legalidad” reivindican como victorias de la justicia y el parlamentarismo. Qué ironía.

De aquellas huelgas estos derechos

Los derechos de huelga, de reunión y manifestación son hoy una realidad incuestionable en el ordenamiento jurídico de la mayoría de países a nivel mundial (en términos teóricos, claro, porque hace mucho que se vislumbra una práctica contraria a la defensa de los mismos). Sin embargo, hubo un antes de esos derechos, no aparecieron por arte de magia en las constituciones de todo el mundo.

El 14 de noviembre del año 1.166 a.C., “obreros y artesanos egipcios construían el templo funerario de Ramsés III”. Había constantes retrasos en el pago de sus salarios (diez hogazas de pan y una medida de cerveza diaria) y el hambre se hacía cada vez más notorio. La situación era desesperante. Los obreros “abandonaron sus puestos de trabajo y permanecieron concentrados mientras no le pagaran lo que se les debía. “Hicieron sentadas, ocuparon edificios y acamparon una noche en el templo”. Así lo cuenta el portal Egiptomanía. En el Museo de Turín hoy se conserva el “Papiro de la Huelga” que recogía el testimonio de los manifestantes: “… los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis (se pusieron en huelga) diciendo: ‘Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes… hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed; no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor y al visir nuestro jefe, que nos den nuestro sustento”.

Finalmente, los obreros consiguieron que les pagaran y el conjunto de sus acciones fueron consideradas como la primera huelga de la historia. No, claro que no tenían derecho a huelga. Se lo fabricaron ellos mismos. Aunque quizá tengan razón los “constitucionalistas” y lo que tendrían que haber hecho era dejarse morir de hambre, porque exigir el sustento vital no entraba dentro de la “legalidad vigente”.

 

Cuando el diálogo no sirve

Unos cuantos miles de años después de la primera huelga, tras años de protesta y peticiones formales a través de la participación en partidos políticos como el Partido Laborista Independiente, las sufragistas británicas “se cansaron de luchar con la palabra y pasaron a la acción. Deeds, notwords”. Así lo explica el diario El Mundo en un reportaje sobre las “sufragettes”. Por medio de la WSPU (Unión Social y Política Femenina) fundada en 1903con EmmelinePankhurst como lideresa referente, comenzaron a protagonizar acciones que las llevaron a estar fuera de los márgenes legales: sufrieron cargas policiales en manifestaciones como la de Londres en febrero de 1907; “se encadenaron a la verja de Downing Street, residencia del primer ministro, e incluso llegaron a entrar en ella; realizaban lanzamientos de octavillas desde globos; organizaban mítines multitudinarios para los que fletaban trenes (en el de 1908 en Hyde ParkThe Times calculó que 500.000 personas habían acudido)”, según narra la Universidad de Barcelona en un artículo sobre las principales luchas del movimiento sufragista.

Manifestación sufragista en Hyde Park el 21 de junio de 1908 / Foto: El País

Después de ello, engañadas de nuevo por los liberales -que prometían incluir a la mujer en el sufragio universal y finalmente desoyeron la petición-, la WSPU llevó a cabo en 1912 lo que denominó “el argumento de la piedra” y rompieron todos los escaparates de la zona comercial de Oxford Street en Londres. Fueron encarceladas, siguieron luchando desde la clandestinidad y continuaron los apedreamientos, los incendios provocados, las huelgas de hambre e incluso una de ellas, Emily Davidson, se arrojó a los pies del caballo del rey Jorge V en el Derbi de Epsom de 1913 y murió cuatro días más tarde, lo que “dio lugar a las manifestaciones sufragistas más importantes”.

En 1918, el Parlamento británico permitió votar a las mujeres mayores de 30 años. Fue el primer paso hacia el sufragio universal.

La jornada de ocho horas

Entre 1810 y 1817, cuando el empresario y socialista Robert Owen difundió la idea de que la calidad del trabajo está directamente relacionada con la calidad de vida del obrero y acuñó el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, comenzó a gestarse la reivindicación de la reducción de la jornada laboral y con ello las protestas en los centros de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU. con la jornada de trabajo de 8 horas como demanda principal.

Las condiciones de vida de las personas trabajadoras eran pésimas en EE.UU. en las décadas de los 70 y 80. El hambre y el cansancio eran notorios y con ello creció el descontento. La jornada laboral era, en muchos casos, de 18 horas y el trabajo infantil era una realidad irremediable. Como consecuencia de ello, los trabajadores empezaron a unirse, a organizarse y a protagonizar acciones de protesta. En 1886, la Federación Americana de Trabajadores, en su cuarta asamblea, estableció la petición al gobierno de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, sin cuya toma en consideración se iría a la huelga.

“El presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo lasocho horas de trabajo diarias”. Sin embargo, los empresarios desoyeron la nueva normativa e incumplieron sus preceptos, lo que provocó que el 1 de mayode ese mismo año tuvieran lugar multitudinarias manifestaciones de trabajadores en múltiples ciudades de EE.UU. Cientos de miles de trabajadores salieron a la calle para exigir que se cumpliera la ley. En Chicago, en la protesta contra la empresa de maquinaria agrícola McCormick, la carga policial dejó varios muertos y un número indeterminado de heridos.

La respuesta de los trabajadores fue prolongar la huelga durante varios días. En ellos, la policía continuó cargando contra los manifestantes, asesinando a algunos de ellos, y los trabajadores siguieron agitando Chicago. El 4 de mayo, una carga policial con varios muertos y más de 200 heridos provocó que algunos huelguistas lanzaran una bomba, dejando a 7 policías muertos. Muchos trabajadores fueron detenidos, torturados, condenados y ejecutados. Los hechos fueron recogidos por periódicos como el Chicago Tribune (5 de mayo de 1886) o The New York Times (3 de mayo de 1886).

Mapa de los disturbios en Chicago en 1886 / Chicago Tribune

Según relata el portal Academic, a finales de ese mismo mes (mayo de 1886) “varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada laboral de ocho horas a centenares de miles de obreros”.

La abogada Isabel Elbal recuerda, en un artículo publicado en la revista La Marea, que la Constitución Española de 1978reza que “la justicia emana del pueblo” y que, sin embargo, el Poder Judicial, lejos de ser efectivamente “emanante de la soberanía popular”, está cada vez más “alejado del ciudadano medio y más próximo al defensor técnico del sistema establecido”, aquel que “no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente”.

La gestión de la problemática de Cataluña por parte del Gobierno actual se ha basado en “la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Código Penal”. Ignorando el hecho de que el Estado español se circunscribe en términos teóricos como una democracia, Mariano Rajoy ha retorcido la “legalidad” para hacer que la justicia se convierta en un valor secundario, en un objetivo sin importancia. Lo mismo sucede con la democracia. A través de la continua reconstrucción del discurso oficial, se ha conseguido meter en el saco del desorden todo aquello que choque frontalmente con los intereses particulares del partido de gobierno y los poderes fácticos que lo mantienen. El imaginario colectivo es ahora el cajón desastre del franquismo, pues es evidente que se están vendido a precio de democracia políticas cuasi-fascistas sin que nadie se dé cuenta.

La legalidad que hoy defienden los partidos políticos y gran parte de los medios de comunicación abarca todas aquellas prácticas y medidas que, en cualquier país con un mínimo de salud democrática, deberían de estar consideradas como un delirio y deberían suscitar el rechazo masivo de la población o, como mínimo, de toda la clase obrera.

La reminiscencia de cómo únicamente sobrepasando los límites de la legalidad y del discurso de la legalidad se ha conseguido romper los techos de cristal de la injusticia (qué ironía), se torna necesaria en estos tiempos de enajenación democrática que está viviendo España. Pese a quien pese, es indiscutible que, frente a la opresión, la única receta útil siempre ha sido la desobediencia.

 

¿Nos gusta que nos roben?

No he utilizado la palabra corrupción en el titular porque intuyo que casi nadie entraría a leer el artículo. Parece que ya no interesa. ¿Efectivamente es así?

Según los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el paro y la corrupción son, por ese orden, los asuntos que más preocupan a la ciudadanía española, aunque este último ha bajado 13,7 puntos desde febrero del pasado año. A ello le siguen los problemas económicos y “los políticos en general, los partidos políticos y la política”.

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Captura parcial de los indicadores del CIS

A pesar de ser la corrupción la segunda variable que más preocupa a los y las ciudadanas  y del hartazgo con respecto a lo que podríamos denominar la “clase política” (los matices de esta cuestión se abordarán en otro artículo), esta coyuntura ya no tan coyuntural sino más bien estructural, no parece provocar reacción concreta alguna. Esto puede comprobarse atendiendo a los resultados de los últimos comicios y a los últimos barómetros, que sitúan al partido en el que más casos de corrupción están siendo juzgados e investigados en los últimos años como claro y continuo ganador.

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Gráfico estimación de voto en elecciones generales / Metroscopia

El Partido Popular ha de estar frotándose las manos, pues las últimas resoluciones judiciales por casos de corrupción están pasando casi desapercibidas ante la espectacularización del proceso de primarias en Podemos, entre otras cosas, que está copando informativos y portadas. Cabe, entonces, bajar a la arena y hacer hincapié en lo verdaderamente alarmante.

Según relata eldiario.es, “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha condenado a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez, por la operación urdida para conceder de manera irregular varias adjudicaciones de la Generalitat entre 2004 y 2009, cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana, a empresas de la trama. Correa, Pérez y Crespo son culpables de tres delitos: Asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias”.

Además, el pasado miércoles se confirmó que el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato, cobró de varias empresas del IBEX cuando era Vicepresidente del Gobierno con Aznar, a través de una sociedad constituida con sus hermanos, con la intención de “lograr contratos de las empresas públicas del momento: Endesa, Retevisión, Altadis o Paradores, entre otras”,  según ha informado también eldiario.es.

Estas, como digo, son las últimas informaciones obtenidas, pero a ellas las han precedido decenas de otros hechos de igual bajeza moral. Las escandalosas cifras, que se pueden consultar en los enlaces adjuntos, son la cuestión de menor importancia en este proceso de continuo fraude al contribuyente. Es difícil afinar el porqué del aparente pasotismo ciudadano ante las evidencias, el porqué de la normalización de estas peripecias que no cesan.

¿La sobrecarga de casos de corrupción ha normalizado, efectivamente, la operación de expolio que está llevando a cabo desde hace años el partido de gobierno? ¿La palabra corrupción ha dejado de crear alarma? ¿El ‘exceso’ de información, fruto de los múltiples casos, ha hecho que se asuma impasiblemente esta situación de desvergüenza? ¿Se ha llegado al punto en el que el hecho de ser ‘atracados’ y ‘atracadas’ continuamente está perdonado de antemano?

Hace unos días, en Rumanía, la población consiguió que se derogara un decreto aprobado por el Gobierno que despenalizaba los casos de corrupción por debajo de los 44.000€.  Fue a partir de multitudinarias manifestaciones en la calle como, finalmente, se revertió la impudicia del gobierno. En España, a pesar de haber tenido lugar en toda su historia y solo que se conozcan casi 100 casos de corrupción, estos no han tenido excesivas consecuencias judiciales. Y, más preocupante aún, no han tenido, en absoluto, consecuencias políticas ni sociales.

Según un mapa de corrupción elaborado por El Mundo en 2014 (hoy son más los casos), solo 82/483 implicados han sido condenados, y, de estos últimos, solo 28 han estado o están en prisión. Son datos no actualizados, pero a la vista de acontecimientos más recientes, la tendencia no ha variado en demasía.

Cabría hacerse unas cuantas preguntas: ¿Nos gusta que nos roben, o es que ni siquiera sentimos que nos lo estén haciendo? ¿Tenemos consciencia de la importancia de los servicios sociales y del necesario mantenimiento de los mismos para la mejor gestión de nuestras vidas? ¿Somos conscientes de que la corrupción, esa palabra ya tan explotada que ni parece doler, supone el robo explícito de los fondos que entre todos y todas llenamos cada día y que han de responder ante las necesidades sociales y no ante la codicia de unos pocos? ¿Sentimos como nuestras la sanidad, educación, transporte, pensiones, públicas? ¿De alguna manera, estamos contribuyendo al desmantelamiento de las mismas y, por consiguiente, al fomento del discurso de la inutilidad de estas?

A menudo se banalizan los debates haciendo sonar la palabra populismo. Si hablas explícitamente los problemas cotidianos de la gente, estás siendo populista. Sería bastante más útil observar lo que tienen de realidad ciertos discursos. Es verdad que si se vacía la hucha de las pensiones para solventar problemas que no hemos causado nosotras y nosotros, nuestros y nuestras mayores van a tener (como ya están teniendo que hacer) que elegir entre pagar la luz y comer.

Es verdad que, si se desvían fondos necesarios para cubrir las demandas educativas, el estudiantado no va a tener ni tizas para escribir en la pizarra, y los docentes van a ver mermadas sus posibilidades de desarrollo educativo en las aulas y frustradas sus condiciones de calidad laboral. Es verdad que si se adjudican obras a multinacionales se está perjudicando a la pequeña y mediana empresa y que ello se traduce en que la mayoría de familias van a tener que hacer malabares para llenar la nevera (porque las pymes representan el 99’9% del total de empresas en España, aunque se pretenda hacer ver otra cosa).

Es verdad que las relaciones que mantienen, en clave económica, miembros del gobierno con empresas estratégicas y el establecimiento de mecanismos para favorecer sus intereses mutuamente se traduce en que familias enteras no puedan poner la calefacción, ducharse con agua caliente, o que una señora muera incendiada por tener que usar velas por no poder pagar la luz.

Todo lo relatado, y muchas más cosas, forma parte de la realidad y es imprescindible entender que la relación entre la corrupción y las medidas políticas poco éticas con los problemas cotidianos de la gente son reales. Que las prácticas indecentes llevadas a cabo por quienes gobiernan afectan directamente a nuestra posibilidad de comprar la barra de pan de hoy. No es populismo, es afinar y traducir la realidad.

La corrupción es una lacra que hay que exterminar, no solo condenar verbalmente. Normalizar la desvergüenza es perpetuarla.

Estudiantes en lucha: rompiendo los muros de la violencia institucional

Este miércoles, estudiantes de varias facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha escenificamos, en forma de encerrona en una de ellas, nuestra protesta contra los recortes en Educación del Partido Popular, contra el Real Decreto 310/2016 (que regula las evaluaciones de ESO y Bachillerato, esto es, establece las nuevas reválidas), contra la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y contra el Real Decreto 43/2015 (más conocido como ‘3+2’), ya que consideramos, como la mayor parte de la comunidad educativa, que dichos movimientos legislativos atentan gravemente contra lo que entendemos por una Educación pública, gratuita, laica y de calidad.

Eran poco más de las ocho de la tarde cuando entramos al edificio que habitaríamos durante la noche y hacía frío. Fue un alivio encontrar la calefacción puesta, o recientemente desconectada. El aula conservaba una temperatura agradable. Las ganas de debatir por parte de algunos estaban menos calientes, todo sea dicho. O así lo supe percibir yo.  Aunque pasada la primera toma de contacto, ello cambió notablemente.

Abarrotamos las paredes con pancartas, pusimos música respetando los diversos gustos, comimos algo y empezamos a crear. Un trozo de papel blanco cubría la pizarra y, allí, algunas decenas de manos plasmaron, mediante dibujos y mensajes con diferentes tipografías, las demandas y necesidades, para sus mentes, vitales.

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Cerca de las diez y media de la noche, las primeras conversaciones entre algunas y algunos de los que entonces éramos desconocidos y unos cuantos acordes de guitarra pisaban levemente la música que salía de los altavoces.

Así terminamos traduciendo nuestras cualidades intelectuales, nuestras perspectivas, nuestras reivindicaciones sociales y educativas y nuestra rabia con lo que consideramos un indudable ejercicio de violencia del Estado hacia las clases trabajadoras (la mayoría social), en una asamblea en la que todas y todos pudimos contraponer ideas, aprender del resto y crear unidad y fuerza estudiantil.

Los derechos no caen como la lluvia, crecen como la hierba ni permanencen guardados a buen recaudo en ningún cajón. Hay que defenderlos y lucharlos cada día por conseguirlos y por no perderlos de nuevo, recordando siempre los valles de sudor, sangre y lágrimas que se derramaron. Y el respeto a la ciudadanía por parte de los poderes del Estado tampoco surge de la buena voluntad de nadie que los ostente. Como dirían Los Chikos del Maíz, “es necesario que el pueblo resista”, y para ello estuvimos ayer en ese aula, y por ello continuaremos llenando las calles por cada agresión – cuya mayoría de veces no es física, aunque también – de los de arriba hacia las de abajo.