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Elogio de la ilegalidad

Al hilo de los últimos acontecimientos en Cataluña, se están produciendo interesantes puestas en escena para la defensa de la “legalidad” por parte de diferentes partidos políticos, con el apoyo, además, de gran parte de la prensa generalista española. El diario La Razón publicó, ya en mayo de este año, una especie de manifiesto propio en forma de editorial titulado “un pacto por la defensa de la legalidad” en el que se criminalizaban las pretensiones de la Generalitat al respecto del referéndum y se alababan las medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que se tendrían que tomar para frenar la “deslealtad” de Puigdemont.

También se han pronunciado al respecto de la defensa de la legalidad diarios como El Español o El País (este último con una noticia sobre una PNL presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña para el “apoyo institucional en defensa de la legalidad democrática en Cataluña”). Además, el Partido Popular, el PSOE y otros partidos sin representación parlamentaria como VOX o UPYD han utilizado también el concepto de “legalidad” como mantra principal para la construcción de sus respectivos discursos en torno al tema catalán.

(Léanse las siguientes líneas con voz fantasmagórica) Legalidad. Lo legal. La ley dice que. Hay que respetar la ley. La ley no lo permite. Solo se puede dialogar dentro de la legalidad. La legalidad vigente. (Ya se puede parar la voz fantasmagórica).

Se acostumbra a trazar un abismo entre lo legal y lo ilegal (mejor dicho, entre lo que, según aquellos que manejan la ley, ha de pasar por ella y lo que no en función de intereses muy concretos), entre constitucionalismo y anti-constitucionalismo, entre orden y desorden. Todo ello desde la realidad conceptual fabricada por las primeras opciones, las hegemónicas, y en detrimento de las segundas.

Quizá cabría preguntarse si la ley siempre es justa solo por su condición de norma jurídica; si lo ilegal siempre es negativo, violento e inaceptable solo porque reside fuera de los márgenes establecidos para la convivencia hasta un determinado momento; si una determinada Constitución sigue siendo útil y protege todas las necesidades de las personas que están sometidas a ella décadas después de su redacción inicial. Incluso, habría una de preguntarse qué había antes de que la ley fuera ley, cómo la ley se convirtió en ley, por qué de esa manera y no de otra, por qué unos determinados preceptos y no otros, en base a qué, como consecuencia de qué hechos, y un largo etcétera.

Utilizar la palabra “legalidad” de manera banal para dar empaque a un discurso que lo único que pretende es criminalizar todo aquello que cuestione unas ciertas prescripciones hegemónicas lo que consigue es, precisamente, restar validez y efectividad a dicho discurso. Lo hace ridículo y aburrido y lo aleja de la realidad de las calles.

Atendiendo a aquello de hacernos preguntas, sería interesante recordar algunas cosas que solo a través de la ruptura con la legalidad se convirtieron en logros de la sociedad civil que hoy los miembros de esa “legalidad” reivindican como victorias de la justicia y el parlamentarismo. Qué ironía.

De aquellas huelgas estos derechos

Los derechos de huelga, de reunión y manifestación son hoy una realidad incuestionable en el ordenamiento jurídico de la mayoría de países a nivel mundial (en términos teóricos, claro, porque hace mucho que se vislumbra una práctica contraria a la defensa de los mismos). Sin embargo, hubo un antes de esos derechos, no aparecieron por arte de magia en las constituciones de todo el mundo.

El 14 de noviembre del año 1.166 a.C., “obreros y artesanos egipcios construían el templo funerario de Ramsés III”. Había constantes retrasos en el pago de sus salarios (diez hogazas de pan y una medida de cerveza diaria) y el hambre se hacía cada vez más notorio. La situación era desesperante. Los obreros “abandonaron sus puestos de trabajo y permanecieron concentrados mientras no le pagaran lo que se les debía. “Hicieron sentadas, ocuparon edificios y acamparon una noche en el templo”. Así lo cuenta el portal Egiptomanía. En el Museo de Turín hoy se conserva el “Papiro de la Huelga” que recogía el testimonio de los manifestantes: “… los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis (se pusieron en huelga) diciendo: ‘Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes… hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed; no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor y al visir nuestro jefe, que nos den nuestro sustento”.

Finalmente, los obreros consiguieron que les pagaran y el conjunto de sus acciones fueron consideradas como la primera huelga de la historia. No, claro que no tenían derecho a huelga. Se lo fabricaron ellos mismos. Aunque quizá tengan razón los “constitucionalistas” y lo que tendrían que haber hecho era dejarse morir de hambre, porque exigir el sustento vital no entraba dentro de la “legalidad vigente”.

 

Cuando el diálogo no sirve

Unos cuantos miles de años después de la primera huelga, tras años de protesta y peticiones formales a través de la participación en partidos políticos como el Partido Laborista Independiente, las sufragistas británicas “se cansaron de luchar con la palabra y pasaron a la acción. Deeds, notwords”. Así lo explica el diario El Mundo en un reportaje sobre las “sufragettes”. Por medio de la WSPU (Unión Social y Política Femenina) fundada en 1903con EmmelinePankhurst como lideresa referente, comenzaron a protagonizar acciones que las llevaron a estar fuera de los márgenes legales: sufrieron cargas policiales en manifestaciones como la de Londres en febrero de 1907; “se encadenaron a la verja de Downing Street, residencia del primer ministro, e incluso llegaron a entrar en ella; realizaban lanzamientos de octavillas desde globos; organizaban mítines multitudinarios para los que fletaban trenes (en el de 1908 en Hyde ParkThe Times calculó que 500.000 personas habían acudido)”, según narra la Universidad de Barcelona en un artículo sobre las principales luchas del movimiento sufragista.

Manifestación sufragista en Hyde Park el 21 de junio de 1908 / Foto: El País

Después de ello, engañadas de nuevo por los liberales -que prometían incluir a la mujer en el sufragio universal y finalmente desoyeron la petición-, la WSPU llevó a cabo en 1912 lo que denominó “el argumento de la piedra” y rompieron todos los escaparates de la zona comercial de Oxford Street en Londres. Fueron encarceladas, siguieron luchando desde la clandestinidad y continuaron los apedreamientos, los incendios provocados, las huelgas de hambre e incluso una de ellas, Emily Davidson, se arrojó a los pies del caballo del rey Jorge V en el Derbi de Epsom de 1913 y murió cuatro días más tarde, lo que “dio lugar a las manifestaciones sufragistas más importantes”.

En 1918, el Parlamento británico permitió votar a las mujeres mayores de 30 años. Fue el primer paso hacia el sufragio universal.

La jornada de ocho horas

Entre 1810 y 1817, cuando el empresario y socialista Robert Owen difundió la idea de que la calidad del trabajo está directamente relacionada con la calidad de vida del obrero y acuñó el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, comenzó a gestarse la reivindicación de la reducción de la jornada laboral y con ello las protestas en los centros de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU. con la jornada de trabajo de 8 horas como demanda principal.

Las condiciones de vida de las personas trabajadoras eran pésimas en EE.UU. en las décadas de los 70 y 80. El hambre y el cansancio eran notorios y con ello creció el descontento. La jornada laboral era, en muchos casos, de 18 horas y el trabajo infantil era una realidad irremediable. Como consecuencia de ello, los trabajadores empezaron a unirse, a organizarse y a protagonizar acciones de protesta. En 1886, la Federación Americana de Trabajadores, en su cuarta asamblea, estableció la petición al gobierno de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, sin cuya toma en consideración se iría a la huelga.

“El presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo lasocho horas de trabajo diarias”. Sin embargo, los empresarios desoyeron la nueva normativa e incumplieron sus preceptos, lo que provocó que el 1 de mayode ese mismo año tuvieran lugar multitudinarias manifestaciones de trabajadores en múltiples ciudades de EE.UU. Cientos de miles de trabajadores salieron a la calle para exigir que se cumpliera la ley. En Chicago, en la protesta contra la empresa de maquinaria agrícola McCormick, la carga policial dejó varios muertos y un número indeterminado de heridos.

La respuesta de los trabajadores fue prolongar la huelga durante varios días. En ellos, la policía continuó cargando contra los manifestantes, asesinando a algunos de ellos, y los trabajadores siguieron agitando Chicago. El 4 de mayo, una carga policial con varios muertos y más de 200 heridos provocó que algunos huelguistas lanzaran una bomba, dejando a 7 policías muertos. Muchos trabajadores fueron detenidos, torturados, condenados y ejecutados. Los hechos fueron recogidos por periódicos como el Chicago Tribune (5 de mayo de 1886) o The New York Times (3 de mayo de 1886).

Mapa de los disturbios en Chicago en 1886 / Chicago Tribune

Según relata el portal Academic, a finales de ese mismo mes (mayo de 1886) “varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada laboral de ocho horas a centenares de miles de obreros”.

La abogada Isabel Elbal recuerda, en un artículo publicado en la revista La Marea, que la Constitución Española de 1978reza que “la justicia emana del pueblo” y que, sin embargo, el Poder Judicial, lejos de ser efectivamente “emanante de la soberanía popular”, está cada vez más “alejado del ciudadano medio y más próximo al defensor técnico del sistema establecido”, aquel que “no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente”.

La gestión de la problemática de Cataluña por parte del Gobierno actual se ha basado en “la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Código Penal”. Ignorando el hecho de que el Estado español se circunscribe en términos teóricos como una democracia, Mariano Rajoy ha retorcido la “legalidad” para hacer que la justicia se convierta en un valor secundario, en un objetivo sin importancia. Lo mismo sucede con la democracia. A través de la continua reconstrucción del discurso oficial, se ha conseguido meter en el saco del desorden todo aquello que choque frontalmente con los intereses particulares del partido de gobierno y los poderes fácticos que lo mantienen. El imaginario colectivo es ahora el cajón desastre del franquismo, pues es evidente que se están vendido a precio de democracia políticas cuasi-fascistas sin que nadie se dé cuenta.

La legalidad que hoy defienden los partidos políticos y gran parte de los medios de comunicación abarca todas aquellas prácticas y medidas que, en cualquier país con un mínimo de salud democrática, deberían de estar consideradas como un delirio y deberían suscitar el rechazo masivo de la población o, como mínimo, de toda la clase obrera.

La reminiscencia de cómo únicamente sobrepasando los límites de la legalidad y del discurso de la legalidad se ha conseguido romper los techos de cristal de la injusticia (qué ironía), se torna necesaria en estos tiempos de enajenación democrática que está viviendo España. Pese a quien pese, es indiscutible que, frente a la opresión, la única receta útil siempre ha sido la desobediencia.

 

Sáhara Occidental: los otros refugiados

Colonización suena a prehistoria, pero sabe a despreciable actualidad.

Como relata el Consejo Español en Defensa de la Solidaridad y de la Paz (CEDESPAZ) en un trabajo sobre la situación jurídica del Sáhara Occidental, “tras la II Guerra Mundial, en 1955, España ingresa en Naciones Unidas. Como estado miembro a esta organización internacional, España ha de […] aplicar la Declaración sobre concesión de Independencia de los países y territorios coloniales. […] Se comienza a debatir intensamente sobre la situación de los pueblos sometidos al yugo de las potencias coloniales. El Sáhara Occidental es un territorio muy rico en recursos naturales que reportan unos beneficios multimillonarios para la oligarquía económica y política de la época. Para eludir la inmediata aplicación de los principios de la ONU a sus últimos territorios coloniales, España pone en marcha una elaborada estrategia. En el ámbito interno, la dictadura franquista se esfuerza por consolidar “la provincia española del Sahara”, y para lograrlo, pone en funcionamiento el aparato legislativo del régimen, promulgando el Decreto 21 de agosto de 1956, con doble objetivo: […] un cambio en la nomenclatura administrativa española respecto a los territorios coloniales, y demostrar internacionalmente que no existían posesiones coloniales en territorio saharaui”.

El Sáhara Occidental ha sido colonia española desde 1884 hasta que, en 1975, Marruecos ofrece a España un negocio más rentable si cabía.

En los años sesenta, el pueblo saharaui pone en marcha la lucha pacífica por su independencia. Sin embargo, más de 400 encarcelados después, se ve obligado a levantarse en armas. Frente a las protestas armadas del Sáhara, y en medio de un proceso de descolonización en el continente africano, España prometía a los saharauis un referéndum de autodeterminación. Solo hizo falta un año para que el gobierno de Arias Navarro firmara un acuerdo –nunca publicado en el BOE, lo que lo hace ilegal- con Marruecos y Mauritania por el que España se comprometía a retirarse del Sáhara Occidental haciendo posible el reparto del territorio entre los otros dos países firmantes.

De ese Tratado destacan los anexos secretos de los Acuerdos de Madrid, que establecen, principalmente, tres aspectos relevantes entre otros: 1) Marruecos se compromete a realizar concesiones a España en materia de pesca en aguas saharauis, 2) a España queda garantizada la propiedad de bienes de naturaleza pública encontrados en el Sáhara, y 3) España vende a Marruecos el 65% de las acciones de una empresa exportadora de fosfatos.

La validez jurídica de ese Tratado fue cuestionada por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell, en un dictamen de 29 de enero de 2002. Además, viola una resolución del Tribunal Internacional de Justicia.

Manchas de sangre

El 6 de noviembre de 1975, días antes de firmarse el acuerdo entre España, Marruecos y Mauritania, y como estrategia de presión sobre España para acelerar su abandono del territorio en disputa, Marruecos iniciaba la llamada Marcha Verde, que se tradujo en la huida de miles de saharauis hacia Argelia tras sufrir bombardeos por parte de las fuerzas marroquíes. Ello obliga al pueblo saharaui a levantar campamentos en mitad del desierto, al sur-oeste del territorio argelino. Hoy, más de 40 años después, siguen allí, como bien apostilla Alberto Sicilia (Principia Marsupia) en un artículo para el diario Público en mayo de 2013.

El Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que tiene su razón de ser en la lucha por conseguir el fin de la ocupación de Marruecos y la celebración del referéndum de autodeterminación, planteaba entonces una guerra de guerrillas frente al ejército marroquí (al que apoyan Francia y EE.UU). Mauritania aceptó su derrota en 1979 y reconoció, como correspondía, la soberanía del pueblo saharaui. Sin embargo, los enfrentamientos con Marruecos se prolongaron 16 años.

No es hasta 1991 cuando Marruecos y el Frente Polisario firman el alto al fuego por petición casi expresa de la ONU. Pero el desequilibrio continuaba, en tanto que Marruecos asumía el control de un 80% del territorio del Sáhara Occidental (incluyendo la mayoría de zonas pobladas, los depósitos de fosfatos y los caladeros pesqueros). Para más inri, Marruecos construyó un muro (conocido como el “de la vergüenza”) de más de 2.200 kilómetros que separa ambos territorios. Se trata de la segunda barrera más larga del mundo, después de la Gran Muralla china. Y a su alrededor, uno de los campos de minas antipersona más extensos del mundo.

El acuerdo de 1991 preveía la creación de un censo electoral para celebrar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, a través del cual este elegiría entre la integración en Marruecos o la independencia. Tras 8 años de demora en la confección del mismo, Marruecos decide negarse, en el año 2000, a realizar la consulta.

La solución es política

“Ningún país del mundo reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Pero los intereses de sus aliados (los gobiernos de Francia y EEUU, las grandes empresas españolas) hacen que Marruecos no sienta ninguna urgencia por encontrar una solución”. Así explica CEDESPAZ, en su documento sobre la situación jurídica del Sáhara Occidental, cómo aquel acuerdo tripartito ilegal de 1975 no solo es parte fundamental del problema sino que, por consiguiente, impide su definitiva resolución.

Ello pone de manifiesto la innegable responsabilidad que tiene España al respecto de este conflicto que se extiende más de 40 años en el tiempo y cuya esperanza resolutiva va menguando irremediable aunque pausadamente entre los saharauis.

Armas incautadas a las fuerzas marroquíes y su procedencia

Desde la traición española y la consecuente huida hacia Argelia, con la proclamación de las República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el pueblo saharaui mantiene su estructura civil y política democráticamente, pero la ocupación marroquí continúa, y con ello la violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Ante esta situación de vulnerabilidad y de injusticia política y humanitaria, toca decidir si también queremos que continúe la indiferencia de la comunidad internacional.

Fuentes: Principia Marsupia, Museo Nacional de la Resistencia (campamentos de refugiados saharauis), CEDESPAZ, Alouda Cantabria, El País, El Mundo, Portal Rebelión.