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Colonización suena a prehistoria, pero sabe a despreciable actualidad.

Como relata el Consejo Español en Defensa de la Solidaridad y de la Paz (CEDESPAZ) en un trabajo sobre la situación jurídica del Sáhara Occidental, “tras la II Guerra Mundial, en 1955, España ingresa en Naciones Unidas. Como estado miembro a esta organización internacional, España ha de […] aplicar la Declaración sobre concesión de Independencia de los países y territorios coloniales. […] Se comienza a debatir intensamente sobre la situación de los pueblos sometidos al yugo de las potencias coloniales. El Sáhara Occidental es un territorio muy rico en recursos naturales que reportan unos beneficios multimillonarios para la oligarquía económica y política de la época. Para eludir la inmediata aplicación de los principios de la ONU a sus últimos territorios coloniales, España pone en marcha una elaborada estrategia. En el ámbito interno, la dictadura franquista se esfuerza por consolidar “la provincia española del Sahara”, y para lograrlo, pone en funcionamiento el aparato legislativo del régimen, promulgando el Decreto 21 de agosto de 1956, con doble objetivo: […] un cambio en la nomenclatura administrativa española respecto a los territorios coloniales, y demostrar internacionalmente que no existían posesiones coloniales en territorio saharaui”.

El Sáhara Occidental ha sido colonia española desde 1884 hasta que, en 1975, Marruecos ofrece a España un negocio más rentable si cabía.

En los años sesenta, el pueblo saharaui pone en marcha la lucha pacífica por su independencia. Sin embargo, más de 400 encarcelados después, se ve obligado a levantarse en armas. Frente a las protestas armadas del Sáhara, y en medio de un proceso de descolonización en el continente africano, España prometía a los saharauis un referéndum de autodeterminación. Solo hizo falta un año para que el gobierno de Arias Navarro firmara un acuerdo –nunca publicado en el BOE, lo que lo hace ilegal- con Marruecos y Mauritania por el que España se comprometía a retirarse del Sáhara Occidental haciendo posible el reparto del territorio entre los otros dos países firmantes.

De ese Tratado destacan los anexos secretos de los Acuerdos de Madrid, que establecen, principalmente, tres aspectos relevantes entre otros: 1) Marruecos se compromete a realizar concesiones a España en materia de pesca en aguas saharauis, 2) a España queda garantizada la propiedad de bienes de naturaleza pública encontrados en el Sáhara, y 3) España vende a Marruecos el 65% de las acciones de una empresa exportadora de fosfatos.

La validez jurídica de ese Tratado fue cuestionada por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell, en un dictamen de 29 de enero de 2002. Además, viola una resolución del Tribunal Internacional de Justicia.

Manchas de sangre

El 6 de noviembre de 1975, días antes de firmarse el acuerdo entre España, Marruecos y Mauritania, y como estrategia de presión sobre España para acelerar su abandono del territorio en disputa, Marruecos iniciaba la llamada Marcha Verde, que se tradujo en la huida de miles de saharauis hacia Argelia tras sufrir bombardeos por parte de las fuerzas marroquíes. Ello obliga al pueblo saharaui a levantar campamentos en mitad del desierto, al sur-oeste del territorio argelino. Hoy, más de 40 años después, siguen allí, como bien apostilla Alberto Sicilia (Principia Marsupia) en un artículo para el diario Público en mayo de 2013.

El Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que tiene su razón de ser en la lucha por conseguir el fin de la ocupación de Marruecos y la celebración del referéndum de autodeterminación, planteaba entonces una guerra de guerrillas frente al ejército marroquí (al que apoyan Francia y EE.UU). Mauritania aceptó su derrota en 1979 y reconoció, como correspondía, la soberanía del pueblo saharaui. Sin embargo, los enfrentamientos con Marruecos se prolongaron 16 años.

No es hasta 1991 cuando Marruecos y el Frente Polisario firman el alto al fuego por petición casi expresa de la ONU. Pero el desequilibrio continuaba, en tanto que Marruecos asumía el control de un 80% del territorio del Sáhara Occidental (incluyendo la mayoría de zonas pobladas, los depósitos de fosfatos y los caladeros pesqueros). Para más inri, Marruecos construyó un muro (conocido como el “de la vergüenza”) de más de 2.200 kilómetros que separa ambos territorios. Se trata de la segunda barrera más larga del mundo, después de la Gran Muralla china. Y a su alrededor, uno de los campos de minas antipersona más extensos del mundo.

El acuerdo de 1991 preveía la creación de un censo electoral para celebrar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, a través del cual este elegiría entre la integración en Marruecos o la independencia. Tras 8 años de demora en la confección del mismo, Marruecos decide negarse, en el año 2000, a realizar la consulta.

La solución es política

“Ningún país del mundo reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Pero los intereses de sus aliados (los gobiernos de Francia y EEUU, las grandes empresas españolas) hacen que Marruecos no sienta ninguna urgencia por encontrar una solución”. Así explica CEDESPAZ, en su documento sobre la situación jurídica del Sáhara Occidental, cómo aquel acuerdo tripartito ilegal de 1975 no solo es parte fundamental del problema sino que, por consiguiente, impide su definitiva resolución.

Ello pone de manifiesto la innegable responsabilidad que tiene España al respecto de este conflicto que se extiende más de 40 años en el tiempo y cuya esperanza resolutiva va menguando irremediable aunque pausadamente entre los saharauis.

Armas incautadas a las fuerzas marroquíes y su procedencia

Desde la traición española y la consecuente huida hacia Argelia, con la proclamación de las República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el pueblo saharaui mantiene su estructura civil y política democráticamente, pero la ocupación marroquí continúa, y con ello la violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Ante esta situación de vulnerabilidad y de injusticia política y humanitaria, toca decidir si también queremos que continúe la indiferencia de la comunidad internacional.

Fuentes: Principia Marsupia, Museo Nacional de la Resistencia (campamentos de refugiados saharauis), CEDESPAZ, Alouda Cantabria, El País, El Mundo, Portal Rebelión.