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No he utilizado la palabra corrupción en el titular porque intuyo que casi nadie entraría a leer el artículo. Parece que ya no interesa. ¿Efectivamente es así?

Según los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el paro y la corrupción son, por ese orden, los asuntos que más preocupan a la ciudadanía española, aunque este último ha bajado 13,7 puntos desde febrero del pasado año. A ello le siguen los problemas económicos y “los políticos en general, los partidos políticos y la política”.

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Captura parcial de los indicadores del CIS

A pesar de ser la corrupción la segunda variable que más preocupa a los y las ciudadanas  y del hartazgo con respecto a lo que podríamos denominar la “clase política” (los matices de esta cuestión se abordarán en otro artículo), esta coyuntura ya no tan coyuntural sino más bien estructural, no parece provocar reacción concreta alguna. Esto puede comprobarse atendiendo a los resultados de los últimos comicios y a los últimos barómetros, que sitúan al partido en el que más casos de corrupción están siendo juzgados e investigados en los últimos años como claro y continuo ganador.

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Gráfico estimación de voto en elecciones generales / Metroscopia

El Partido Popular ha de estar frotándose las manos, pues las últimas resoluciones judiciales por casos de corrupción están pasando casi desapercibidas ante la espectacularización del proceso de primarias en Podemos, entre otras cosas, que está copando informativos y portadas. Cabe, entonces, bajar a la arena y hacer hincapié en lo verdaderamente alarmante.

Según relata eldiario.es, “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha condenado a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez, por la operación urdida para conceder de manera irregular varias adjudicaciones de la Generalitat entre 2004 y 2009, cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana, a empresas de la trama. Correa, Pérez y Crespo son culpables de tres delitos: Asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias”.

Además, el pasado miércoles se confirmó que el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato, cobró de varias empresas del IBEX cuando era Vicepresidente del Gobierno con Aznar, a través de una sociedad constituida con sus hermanos, con la intención de “lograr contratos de las empresas públicas del momento: Endesa, Retevisión, Altadis o Paradores, entre otras”,  según ha informado también eldiario.es.

Estas, como digo, son las últimas informaciones obtenidas, pero a ellas las han precedido decenas de otros hechos de igual bajeza moral. Las escandalosas cifras, que se pueden consultar en los enlaces adjuntos, son la cuestión de menor importancia en este proceso de continuo fraude al contribuyente. Es difícil afinar el porqué del aparente pasotismo ciudadano ante las evidencias, el porqué de la normalización de estas peripecias que no cesan.

¿La sobrecarga de casos de corrupción ha normalizado, efectivamente, la operación de expolio que está llevando a cabo desde hace años el partido de gobierno? ¿La palabra corrupción ha dejado de crear alarma? ¿El ‘exceso’ de información, fruto de los múltiples casos, ha hecho que se asuma impasiblemente esta situación de desvergüenza? ¿Se ha llegado al punto en el que el hecho de ser ‘atracados’ y ‘atracadas’ continuamente está perdonado de antemano?

Hace unos días, en Rumanía, la población consiguió que se derogara un decreto aprobado por el Gobierno que despenalizaba los casos de corrupción por debajo de los 44.000€.  Fue a partir de multitudinarias manifestaciones en la calle como, finalmente, se revertió la impudicia del gobierno. En España, a pesar de haber tenido lugar en toda su historia y solo que se conozcan casi 100 casos de corrupción, estos no han tenido excesivas consecuencias judiciales. Y, más preocupante aún, no han tenido, en absoluto, consecuencias políticas ni sociales.

Según un mapa de corrupción elaborado por El Mundo en 2014 (hoy son más los casos), solo 82/483 implicados han sido condenados, y, de estos últimos, solo 28 han estado o están en prisión. Son datos no actualizados, pero a la vista de acontecimientos más recientes, la tendencia no ha variado en demasía.

Cabría hacerse unas cuantas preguntas: ¿Nos gusta que nos roben, o es que ni siquiera sentimos que nos lo estén haciendo? ¿Tenemos consciencia de la importancia de los servicios sociales y del necesario mantenimiento de los mismos para la mejor gestión de nuestras vidas? ¿Somos conscientes de que la corrupción, esa palabra ya tan explotada que ni parece doler, supone el robo explícito de los fondos que entre todos y todas llenamos cada día y que han de responder ante las necesidades sociales y no ante la codicia de unos pocos? ¿Sentimos como nuestras la sanidad, educación, transporte, pensiones, públicas? ¿De alguna manera, estamos contribuyendo al desmantelamiento de las mismas y, por consiguiente, al fomento del discurso de la inutilidad de estas?

A menudo se banalizan los debates haciendo sonar la palabra populismo. Si hablas explícitamente los problemas cotidianos de la gente, estás siendo populista. Sería bastante más útil observar lo que tienen de realidad ciertos discursos. Es verdad que si se vacía la hucha de las pensiones para solventar problemas que no hemos causado nosotras y nosotros, nuestros y nuestras mayores van a tener (como ya están teniendo que hacer) que elegir entre pagar la luz y comer.

Es verdad que, si se desvían fondos necesarios para cubrir las demandas educativas, el estudiantado no va a tener ni tizas para escribir en la pizarra, y los docentes van a ver mermadas sus posibilidades de desarrollo educativo en las aulas y frustradas sus condiciones de calidad laboral. Es verdad que si se adjudican obras a multinacionales se está perjudicando a la pequeña y mediana empresa y que ello se traduce en que la mayoría de familias van a tener que hacer malabares para llenar la nevera (porque las pymes representan el 99’9% del total de empresas en España, aunque se pretenda hacer ver otra cosa).

Es verdad que las relaciones que mantienen, en clave económica, miembros del gobierno con empresas estratégicas y el establecimiento de mecanismos para favorecer sus intereses mutuamente se traduce en que familias enteras no puedan poner la calefacción, ducharse con agua caliente, o que una señora muera incendiada por tener que usar velas por no poder pagar la luz.

Todo lo relatado, y muchas más cosas, forma parte de la realidad y es imprescindible entender que la relación entre la corrupción y las medidas políticas poco éticas con los problemas cotidianos de la gente son reales. Que las prácticas indecentes llevadas a cabo por quienes gobiernan afectan directamente a nuestra posibilidad de comprar la barra de pan de hoy. No es populismo, es afinar y traducir la realidad.

La corrupción es una lacra que hay que exterminar, no solo condenar verbalmente. Normalizar la desvergüenza es perpetuarla.